En el 2015, el Congreso de la República fue exhortado por el Poder Judicial para que regule la negociación colectiva con el Estado y ponga procedimientos claros para que los trabajadores públicos puedan negociar mejores remuneraciones.
Recién en 2019 se debatió el tema en el Parlamento pero luego de su disolución la norma quedó sin aprobarse. El gobierno de Martín Vizcarra publicó en enero del 2020 el decreto de urgencia 014-2020 que regulaba la negociación colectiva en el Estado.
La norma indicaba la obligatoriedad de respetar el tope presupuestal que estaría definido por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de un informe y evitar que los árbitros laborales dispongan de los recursos públicos.
El secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, José Luis Chapa, cuestionó la norma argumentando que están vulnerando sus derechos a negociar con libertad.
Este decreto de urgencia fue derogado por insistencia ayer en el Congreso con 104 votos a favor, cero en contra y 10 abstenciones luego de que el Ejecutivo la observara.
Esta derogatoria les permite a los trabajadores públicos negociar incrementos de sueldos sin topes ya que no existe ninguna norma que regule esto. Si en la negociación no llegan a un acuerdo, pueden solicitar a un árbitro laboral para que se pronuncie.
Además, ayer también se eliminó un grupo de artículos del Decreto de Urgencia 016-2020 que tenía como objetivo evitar las reposiciones judiciales de trabajadores públicos sin que existiera una plaza para ellos.
Actualmente hay 31.285 personas que siguen procesos de repocisión ante el Estado en el Poder Judicial, en caso de perder todos los juicios, el presupuesto para cubrir los salarios superaría los 1.300 millones de soles.
