La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, cuestionó el proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo. La normativa busca penalizar hasta con cuatro años de cárcel la difusión de información reservada en una investigación fiscal.
“¿Qué hay tras esta norma si no es una limitante a la libertad de prensa?”. Cuestionó.
Barrios explicó que ya existe una norma que sanciona al funcionario que revele esta clase de información. También expresó su rechazo a este intento de criminalizar estos actos. Finalmente indicó que la prensa ayuda en muchos casos de investigación.
“Ha habido muchos actos de investigación de la prensa que han contribuido a esclarecer los hechos y esto hay que ponerlo de relieve y darle valor, no limitarse a través de una norma”. Añadió.
Respuesta de gremios de prensa
La Asociación Internacional de Radiodifusión manifestó el 28 de junio su “grave preocupación y rechazo” a la iniciativa de esta ley que tendrá un efecto restrictivo en el ejercicio de la libertad de expresión. El gremio advirtió que se estarían colocando nuevos obstáculos para impedir que periodistas y medios de comunicación tengan acceso a información fidedigna sobre causas judiciales de interés público.
Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) reiteró su rechazo al proyecto de ley al calificarlo como “un intento de proteger a los investigados por corrupción dentro del Gobierno”. En ese sentido, señaló que no existe relación con la necesidad de proteger la acción de la justicia.
“La gravedad de la situación que vive el país ya ha sido señalada por una resolución del fiscal de la Nación y por otra de un juez de la Corte Suprema: la presunta operación de una organización criminal desde el Gobierno, indican, puede socavar los cimientos del Estado democrático. Uno de ellos, el de la libertad de expresión, está siendo directamente amenazado, pero es evidente que no es el único”. Señaló IPYS.
Nota: Melanie Pariapaza Diaz
