Alejandro Soto Reyes, presidente del Congreso, enfrenta una solicitud de reparación civil de S/323.829 por parte de la empresa Transportes Wayna Picchu. A pesar de eludir cargos penales por estafa y falsedad genérica, Soto ahora se encuentra bajo escrutinio por los daños ocasionados.
La demanda alega que Soto recomendó la adquisición de un terreno sobrevalorado y ocultó su previa compra a precio significativamente inferior. El terreno en cuestión, comprado por US$5.000 ocho meses antes, fue vendido por US$265.000 bajo su dirección.
Además, la empresa sostiene que Soto incumplió su compromiso de elaborar los estatutos de la empresa, a pesar de haber cobrado honorarios. La suma reclamada incluye S/287.829 por la transacción del terreno y S/36.558 por la falta de cumplimiento en la asesoría.
Aunque el caso penal fue archivado, el magistrado Carlos Román determinó que la reclamación de reparación civil tiene validez. La resolución establece que el agraviado tiene derecho a buscar reparación en otras vías legales o continuar el proceso actual.
Proyecto de ley a su favor
La controversia se intensifica debido a la revelación de que Soto, como vocero de su partido, respaldó un proyecto de ley que beneficiaría su caso. A pesar de las afirmaciones de Soto de no haberse acogido a la ley para prescribir la denuncia, evidencia documental sugiere lo contrario.
El futuro de Alejandro Soto está en juego, ya que la demanda de reparación civil sigue adelante. La tensión entre la política y la legalidad destaca la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la esfera pública.
