Un giro de fortuna en tan solo 8 meses transformó la situación económica de Alejandro Soto Reyes. Adquirió un terreno de la comunidad campesina de Ayamarca por $5,000, para luego usar su posición como asesor legal en la empresa Transportes Wayna Picchu y convencer al directorio de adquirir el mismo terreno por $265,000.
Transportes Wayna Picchu alega que el directorio desconocía que Soto era el verdadero propietario del terreno que ellos aprobaron comprar a la comunidad campesina.
La trama de engaño salió a la luz cinco años después, durante una auditoría interna de la empresa, que reveló que los $265,000 pagados por el terreno se habían emitido en cheques a nombre de Alejandro Soto Reyes en noviembre y diciembre de 2012: $200,000 el 26 de noviembre y $65,000 el 24 de diciembre.
En busca de una reparación civil por daños y perjuicios por un total de S/323,000. Transportes Wayna Picchu presentó al juez Carlos Román Gil los documentos que prueban que los cheques estaban a nombre de Soto y que él mismo los había recibido. Evidenciado por sus firmas y huellas dactilares.
Soto se defiende argumentando que la empresa recién le planteó el reclamo por la compra del terreno cinco años después.
Caso ocurrió hace seis años
El destape del caso ocurrió en 2017. Cuando Transportes Wayna Picchu descubrió la trama en la que el congresista, en colaboración con otros miembros de la empresa y terceros ajenos a ella, engañó a la compañía. Aunque Soto simuló no tener relación con la propiedad del terreno. El entonces gerente general, Mario Sequeiros Fajardo, estaba al tanto y emitió los cheques a nombre de Alejandro Soto.
“Después de exhaustivas auditorías y un proceso de reestructuración contable, se revelaron varias irregularidades cometidas por los acusados, incluido Alejandro Soto, en perjuicio de Transportes Wayna Picchu”, explicó Darwin Urquizo Pereira, abogado de la empresa perjudicada.
“Las auditorías no se realizan de la noche a la mañana, llevan tiempo. Fue con los informes de auditoría entregados en 2017 que la junta de accionistas decidió denunciar a los responsables. Entre ellos Alejandro Soto, por sus acciones perjudiciales para la empresa”, añadió Urquizo.
La contadora de Transportes Wayna Picchu, Datne Flores Medina, y el corredor inmobiliario Juan Durand Gonzales, quien ocultó la verdadera propiedad del terreno, también formaron parte de la trama. Se suma a la lista el ingeniero agrónomo Marco Quenta Escalante, que elaboró un informe con una extensión errónea del terreno.
