Las personas con discapacidad se enfrentan a diversas barreras que dificultan su contratación en entidades públicas y privadas. La pandemia de la COVID-19 agravó su situación y varios fueron despedidos de sus centros de trabajo.
Silvia Aguilar Villa, coordinadora del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) en Arequipa, sostuvo que, desde el inicio del estado de emergencia, recibieron más de 10 quejas de personas con discapacidad que se quedaron sin empleo.
Asimismo, denunció que algunas instituciones incumplieron con el trabajo remoto y se vieron obligados a realizar trabajo presencial, pese a que el gobierno los considera como población vulnerable ante la pandemia.
“Tenemos un derecho a trabajar como cualquier otra persona en condiciones regulares, que se nos den los ajustes razonables para poder desarrollar una actividad laboral y que tengamos igualdad de condiciones como cualquier otro trabajador”, señaló.
Cuota de empleo
De acuerdo a la Ley General de la Persona con Discapacidad Nº 29973, las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal. En el caso de los privados, cuando esta cuente con más de 50 trabajadores, deberán tener una proporción no inferior al 3%.
Sin embargo, no todas las instituciones están cumpliendo con la cuota de empleo para personas con discapacidad. “Nosotros llamamos a la reflexión y que nos den las oportunidades para seguir trabajando”, sostuvo Silvia Aguilar.
Ante esta situación, la oficina de fiscalización del Conadis remitió una solicitud a las municipalidades para que reporten y verifiquen el cumplimiento de la norma, además se exhortó a la Sunafil cumplir con la supervisión a los privados.
“Se pide un informe a todas las entidades del estado, y hay una respuesta que ellos tienen que dar”, añadió.
