En un giro polémico sobre la justicia por crímenes de lesa humanidad cometidos en Perú, un total de 22 exmilitares, entre ellos miembros del infame grupo Colina, han solicitado acogerse a la ley 32107, también conocida como la ley de impunidad. La ley se aprobó por el Congreso en agosto de 2023 sin observaciones del gobierno de Dina Boluarte, lo que ha generado una fuerte controversia en diversos sectores del país.
Entre los exmilitares que buscan acogerse a esta ley se encuentran figuras clave del grupo Colina, como Santiago Martín Rivas, Carlos Pichilingüe, Julio Chuqui Aguirre y Nelson Carbajal García. Estos exmilitares están siendo procesados por secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante la década de 1990.
EL GRUPO COLINA Y LA LEY 32107
La ley 32107 permite a los acusados de crímenes de lesa humanidad solicitar la anulación de sus sentencias y, en algunos casos, evitar cumplir las condenas que ya se les han impuesto. En el caso de Santiago Martín Rivas, por ejemplo, se intenta revertir una condena de 23 años de prisión impuesta por su participación en el asesinato de Barreto, un crimen ocurrido bajo la supervisión de Vladimiro Montesinos. Además, otros exmilitares como Luis Pérez Documet, exjefe del Frente Político Militar del Mantaro, buscan evitar el procesamiento por la desaparición de César Isaías Hilario Trucíos en 1991.
La ley, impulsada por Fernando Rospigliosi, legislador de Fuerza Popular, ha levantado serias preocupaciones sobre la impunidad en casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos. Organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil alertan que esta legislación podría debilitar el proceso de justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado interno que devastó al país en las décadas de 1980 y 1990.
Además de los crímenes de Pativilca y Mariella Barreto, los exmilitares que buscan acogerse a la ley 32107 también están cuestionando otros casos emblemáticos, como la matanza de Cayara, los asesinatos en Chuschi y las desapariciones forzadas en diversas regiones del país. El Poder Judicial aún no se ha pronunciado sobre las solicitudes, y la incertidumbre sobre el futuro de estas peticiones sigue generando división en la opinión pública peruana.
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