El fiscal adjunto supremo Samuel Rojas Chávez, ratificó que el presidente Pedro Castillo forma parte de una organización criminal que se constituyó desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Esto durante la audiencia de impedimento de salida del país contra el exministro Juan Silva Villegas y seis congresistas de Acción Popular sindicados como “Los Niños”.
Además, el pasado 29 de mayo el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso ampliar la investigación preliminar contra el mandatario. Por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.
Durante sesión que presidió el juez supremo Juan Carlos Checkley, el fiscal Rojas sostuvo que el exministro Silva era quien ordenaba el favorecimiento a las empresas.
“Lo que se identifica con el caso Puente Tarata se evidencia claramente que habría un manejo paralelo de esta organización (criminal). Que captaba empresarios o viabiliza el acceso de empresarios que tenían interés de contratar con el MTC”, señaló.
También se explicó que los empresarios llegaban a Zamir Villaverde por su relación con el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco. Este último tenía acceso a los sobrinos del presidente (Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo).
“Tenían cercanía o habían obtenido acceso al ministro Silva. Esta vinculación no solamente se restringía al ministro Silva, sino que también, según información que se tiene en este momento, llegaba al presidente (Castillo)”. Indicó..
Impedimento de salida del país
Estos argumentos se dieron como parte del sustento del pedido de 36 meses de impedimento del país para el exministro Juan Silva. Además, se solicitaron 9 meses de la misma medida para los congresistas Ilich López, Darwin Espinoza, Jorge Flores Ancachi, Juan Carlos Mori, Raúl Doroteo y Elvis Vergara.
“Se evidencia la existencia de una organización. La participación que tenía el señor Silva era intervenir en la planificación y decisión de colocar a personas en lugares importantes del MTC para viabilizar estas contrataciones de estas empresas”. Mencionó el fiscal.
En ese sentido, el representante del MP consideró necesaria la medida de impedimento de salida del país de los investigados, a fin de asegurar su presencia y no frustrar la eficacia de las indagaciones. Porque los siete implicados disponen de los recursos necesarios para salir del país.
Respuesta de los acusados
La defensa legal de Juan Silva, el abogado Luis Yalán, sostuvo que “Mi cliente no tiene nada que ver con la organización criminal. La investigación es defectuosa e incompleta. Provías Nacional y Descentralizado están adscritas al viceministerio, no al MTC. Sin embargo, no se le ha incluido a la viceministra”, indicó.
Además, cuestionó que el sistema judicial le haga caso a una colaboradora que “ha contado las cosas a su manera”, en referencia a la empresaria Karelim López.
En la misma línea se pronunció José Torrejón, abogado de Raúl Doroteo expresó lo mismo que el anterior defensor.
Por otro lado, los abogados de los congresistas Jorge Flores, Elvis Vergara, Juan Carlos Moris, Darwin Espinoza e Ilich López pidieron al Ministerio Público anular esta petición.
Finalmente, el juez supremo Juan Carlos Checkley dijo que dará a conocer el resultado dentro del plazo de ley.
Nota: Melanie Pariapaza Diaz
