El fiscal José Domingo Pérez, ha decidido ampliar la investigación por lavado de activos en el caso de Keiko Fujimori y dirigentes de Fuerza Popular. Se les acusa de captar, transferir y ocultar fondos para financiar la campaña en contra del supuesto fraude electoral en la segunda vuelta presidencial. La decisión incluye el agravante de organización criminal.
El proceso investigativo surge a raíz de que Keiko Fujimori desconoció los resultados de las elecciones que dieron como ganador a Pedro Castillo. Iniciando una campaña basada en afirmaciones falsas sobre un supuesto fraude electoral.
Se alega que esta narrativa fue utilizada para captar aportes sospechosos de empresarios inmobiliarios, dueños de tragamonedas y abogados prominentes del país. Recaudando cerca de dos millones de soles entre marzo y julio de 2021.
La investigación también apunta a que Fuerza Popular anuló un tercio de los aportes en efectivo reportados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entre enero y julio de 2021. Esto, sumado a la falta de cuentas bancarias y libros contables del partido, genera sospechas de financiamiento prohibido y falta de transparencia en la contabilidad.
Campaña de desinformación y noticias falsas
La fiscalía señala que esta campaña basada en desinformación y noticias falsas buscó generar inestabilidad en el país y obtener beneficios económicos y políticos. La acusación incluye a Keiko Fujimori y a dirigentes de Fuerza Popular como: Luis Galarreta Velarde, Miguel Torres Morales, Karina Beteta Rubin, Milagros Takaya Jiménez y Lindman Miranda Zamalloa.
Los acusados han sido citados a rendir declaración sobre los hechos en fechas posteriores de agosto, y la investigación continuará para esclarecer el presunto lavado de activos y otros delitos relacionados con la financiación de la campaña de fraude electoral.
