Diligencias. La Fiscalía Penal Corporativa de Chivay realizará las diligencias correspondientes para esclarecer la denuncia contra el alcalde de Paucarpata, José Supo Condori, y otros tres implicados en el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.
El hecho ocurrió el pasado 22 de agosto —en Chivay—, a las 6:30 p. m., en el momento de la intervención a la camioneta de placa V9U-406, donde se transportaba el burgomaestre, se dieron a la fuga. Luego de unos minutos, los pasajeros fueron interceptados. Asimismo, se sabe que los implicados se negaron a identificarse y se resistieron a ser detenidos.
Esto se habría suscitado luego que un transeúnte denunciara que el vehículo en mención estaba realizando maniobras temerarias y que sus ocupantes se encontraban en aparente estado de ebriedad.
Según las declaraciones de los efectivos policiales, al bajar del vehículo, los ciudadanos agredieron a los agentes, mientras que la autoridad local intentó «intimidarlos», manifestando que él era alcalde de Paucarpata.
El caso está a cargo del fiscal provincial Carlos Miguel Salinas Vargas, quien dispuso que se recabe la declaración de los policías agraviados, la visualización de varios videos, el reconocimiento médico legal a fin de determinar las lesiones, dosaje etílico, entre otras diligencias.
A esto se sumaría que Brahayan Isidro Rodríguez Guzmán y Adolfo Alexander Rodríguez Guzmán se negaron a pasar por el dosaje etílico. Brahayan Rodríguez, el conductor de la unidad, se negó a pasar la prueba hasta en tres oportunidades.
Otro problema para Supo y compañía
Otro problema por el que atraviesa José Supo y compañía es la procedencia del vehículo que manipulaban, ya que tenía un logo de Defensa Civil. Por ello, el Ministerio Público va a dar inicio a las investigaciones por el presunto delito de ostentación de distintivos.
La camioneta no pertenece a la institución en mención y, por ende, no está autorizado el uso del logo de Defensa Civil. Cabe recalcar que ninguna camioneta salió de comisión para esa zona.
En caso de confirmarse la falta, el Código Penal Peruano establece una pena de hasta un año de pena privativa de la libertad o prestación de servicio comunitario de hasta veinte jornadas.
