El Ministerio Público confirmó este jueves el inicio de una investigación preliminar contra Augusto Nava como presunto autor del delito de discriminación en agravio de los ciudadanos Reinaldo Rivas y Cristhian Palomino. La disposición fiscal responde a los actos de acoso, insultos homofóbicos y presuntas amenazas de muerte ocurridos el pasado 12 de octubre dentro de un local de la cadena McDonald’s en el distrito de Miraflores (Lima).
Las indagaciones están a cargo del fiscal provincial Luis Valdivia Calderón, titular del Primer Despacho de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.
Diligencias urgentes y acopio probatorio
El despacho fiscal ha dispuesto un conjunto de acciones inmediatas para asegurar el acopio de elementos de prueba, entre las que destacan:
- Toma de testimonios: Declaraciones informativas de las víctimas (Reinaldo Rivas y Cristhian Palomino), testigos presenciales y personas involucradas en la difusión del material digital.
- Extracción de videos y cámaras de seguridad: Recopilación de los registros de videovigilancia del establecimiento comercial y la preservación del material audiovisual grabado por los comensales.
- Pericias y constataciones: Ejecución de pericias psicológicas a los afectados y actas de constatación digital de las publicaciones en redes sociales.
Argumentación de la familia de Augusto Nava
El inicio de las diligencias se produce luego de que las imágenes causaran indignación pública. En el video se aprecia a Nava proferir frases amenazantes como “Los mato, lo peor es que no bromeo”, además de exclamar discursos de odio por motivos de orientación sexual.
Por su parte, la familia del investigado emitió un pronunciamiento señalando que Nava padece de trastorno bipolar tipo I y atravesaba un “episodio maníaco grave”, confirmando que actualmente se encuentra internado bajo custodia médica y tratamiento psiquiátrico. Asimismo, el entorno familiar solicitó el cese de las amenazas de muerte recibidas tras la viralización del caso.
Desde el Ministerio Público se remarcó que todo acto de hostigamiento, insulto o amenaza sustentado en la orientación sexual o identidad de género de una persona configura el delito de discriminación y será procesado conforme a ley.
