Por tercera vez, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, ante el Congreso, por su presunta responsabilidad en las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023.
La denuncia incluye también a los exprimeros ministros Pedro Angulo Arana y Luis Alberto Otárola, así como a los exministros César Cervantes, Jorge Chávez Cresta, Víctor Rojas y Vicente Romero.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron en diversas regiones del país, específicamente en Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima Metropolitana, donde —según la acusación— se habría hecho uso excesivo y desproporcionado de la fuerza policial y militar para contener las manifestaciones.
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La presidenta Boluarte y los exministros imputados son acusados de los delitos de lesiones leves y lesiones graves, conforme a los artículos 122° y 121° del Código Penal.
La imputación se basa en la figura del dolo eventual y en la omisión impropia, es decir, se les señala por no haber actuado para prevenir las consecuencias violentas de los operativos de seguridad durante las protestas.
