Los gobiernos de Italia y Francia han tomado medidas excepcionales de seguridad y orden público tras una serie de masivas protestas motivadas por el encarecimiento de la vida y el aumento de los combustibles, las cuales degeneraron en graves saqueos, actos vandálicos y enfrentamientos con las fuerzas del orden en las principales urbes de ambos países.
La crisis social se extiende también de manera paralela en naciones vecinas como Bélgica y Albania, configurando un escenario de alta tensión política de cara a los próximos procesos electorales en la región.
Italia: Milán reforzada con tropas y nuevas sanciones penales
En Italia, el Consejo de Ministros liderado por la primera ministra Giorgia Meloni aprobó un decreto-ley de urgencia para frenar la escalada de violencia urbana, centrada especialmente en la capital económica del país:
- Despliegue militar: Se autorizó el envío de 500 soldados adicionales a Milán hasta el 31 de diciembre, los cuales se sumarán a los operativos conjuntos de la policía y los carabinieri en el marco de la histórica Operación Calles Seguras.
- Balance de altercados: Los disturbios del fin de semana dejaron cerca de 200 agentes heridos y daños materiales tasados en casi un millón de euros solo en Milán. Las autoridades cifraron en 330 los detenidos e identificados (la mitad extranjeros), llamando la atención institucional el registro de menores de edad involucrados —el de menor edad con apenas 11 años—.
- Nuevo marco punitivo: El decreto tipifica el delito de participación violenta en una manifestación, contemplando penas privativas de libertad de hasta cinco años y multas de hasta 20.000 euros, estipulando además la responsabilidad civil de los padres en caso de infracciones cometidas por menores.
“Devastar y robar no es protesta, es criminalidad, y la respuesta del Estado debe ser firme”, sentenció Meloni ante las nuevas convocatorias de protestas permanentes anunciadas por grupos sectoriales.
Francia: Despliegue masivo y crisis en el Ejecutivo por la gestión policial
En el caso francés, el país galo afronta los peores episodios de violencia callejera de los últimos años tras las movilizaciones del fin de semana en París, Marsella y Lyon, impulsadas por sindicatos estudiantiles y colectivos sociales a seis meses de las elecciones presidenciales que definirán al sucesor de Emmanuel Macron.
- Autocrítica y dimisión rechazada: El ministro del Interior, Laurent Nuñez, admitió públicamente que las fuerzas de seguridad “perdieron el control” durante los disturbios debido a errores de cálculo en la afluencia de manifestantes (que superaron las 500.000 personas). Nuñez presentó su renuncia al cargo, la cual fue rechazada por el presidente Emmanuel Macron bajo el argumento de preservar la estabilidad en la cadena de mando.
- Operativo “masivo”: Ante las nuevas jornadas de movilización, el primer ministro Sébastien Lecornu anunció un cambio radical en la estrategia operativa, prometiendo un despliegue policial y militar “masivo” y altamente móvil para disuadir la formación de barricadas y saqueos sistemáticos.
- Impacto diplomático: La gravedad de los destrozos y la quema de mobiliario público obligaron a potencias como Estados Unidos, China y Alemania a emitir advertencias de viaje preventivas para sus ciudadanos en territorio francés.
