El fiscal José Domingo Pérez manifestó ayer que existe una “alta probabilidad” de que la cúpula de Fuerza Popular utilice de nuevo a la agrupación política para captar dinero presuntamente ilícito.
Durante la audiencia en la que sustentó el pedido fiscal para suspender las actividades políticas de FP, Pérez se refirió al delito de lavado de activos que se le imputa a la lideresa de la agrupación, Keiko Fujimori, quien habría tenido conocimiento de la “ilicitud del dinero que ingresaba a esa organización” durante los procesos electorales del 2011 y 2016.
“Existe una alta probabilidad de que sus representantes legales, la cúpula, reiteren esta misma acción o conducta de volver a utilizar a esta empresa -en palabras de lo que dice la Sala Penal de Apelaciones- para captar dinero de procedencia presuntamente ilícita”, indicó tras mencionar la inscripción de aportantes simulados en los informes que entregó el partido a la ONPE años atrás.
“El dinero caliente va a entrar de nuevo”, acotó.
El también integrante del Equipo Especial Lava Jato aseguró que esta medida “no es la más gravosa” que se podría tomar contra esta organización política y recordó que otras instancias judiciales que han visto el caso Keiko Fujimori establecieron que existe sospecha grave de que el partido fue instrumentalizado para cometer delitos.
POSTURA. Por su parte, el abogado de FP, Christian Salas, solicitó al juez Víctor Zúñiga que declare improcedente el pedido del Ministerio Público y señaló que la organización política “no tiene por qué pagar ni sufrir las consecuencias de acciones punibles atribuidas a algunos de sus representantes”.
Asimismo, manifestó que no existen elementos probatorios suficientes para sostener que exista peligro actual de uso indebido del partido ante la vigencia de la ley que prohíbe el financiamiento de agrupaciones políticas. Esta norma, dijo, debe ser vista como “un candado” para la presunta comisión de actos ilícitos.
A través de Twitter, Fujimori criticó que, durante su intervención, Pérez compara a la situación de FP con “‘Herri Batasuna’, organización vinculada al grupo terrorista ETA, o equipara los fondos lícitos de empresas nacionales con aportes del narcotráfico”. Esta situación, agregó, muestra “la falta de argumentos de un fiscal que no tiene nada que sustentar”.
