6 de junio de 2026

Gobierno aprueba plan para reducir el hacinamiento en cárceles hasta 2028

El Ejecutivo oficializó una estrategia nacional que combina nuevas infraestructuras penitenciarias y mecanismos legales para disminuir la sobrepoblación en los penales del país.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) aprobó el Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028 con el objetivo de reducir la crítica sobrepoblación carcelaria que afecta al sistema penitenciario peruano. La medida se oficializó mediante la Resolución Ministerial N.° 0203-2026-JUS, publicada en el diario oficial El Peruano. Contempla acciones coordinadas para reducir el hacinamiento en cárceles que albergan a más de 100 mil internos.

INPE y entidades del sector liderarán la implementación

La resolución dispone que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia y la Dirección de Gracias Presidenciales ejecuten las acciones necesarias para poner en marcha el plan. Asimismo, la Dirección de Política Criminológica del Minjusdh será responsable del monitoreo y seguimiento de los avances.

El INPE también deberá elaborar en 15 días los mecanismos para supervisar la ejecución del plan.

Beneficios penitenciarios y nuevas cárceles

El ministro de Justicia, Luis Jiménez, indicó que la estrategia combinará más infraestructura penitenciaria y medidas legales para reducir la población carcelaria. Entre ellas figuran la evaluación de beneficios penitenciarios, conmutaciones de pena, gracias presidenciales y el traslado o expulsión de ciudadanos extranjeros privados de libertad.

El titular del sector precisó que estas medidas estarán dirigidas únicamente a personas condenadas por delitos de menor gravedad y no beneficiarán a internos considerados de alta peligrosidad.

Más de 24 mil internos serían evaluados

De acuerdo con una evaluación preliminar del Ministerio de Justicia, un total de 24.739 internos podrían acceder a alguno de los mecanismos contemplados en el plan. En una primera etapa, el Ejecutivo enviará más de 5.000 expedientes al Poder Judicial para evaluar la aplicación de beneficios penitenciarios.

Las autoridades indicaron que el éxito del plan dependerá de la coordinación entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y el sistema penitenciario.

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