El Gobierno Peruano liderado por la presidenta de la República, Dina Baluarte oficializó el estado de emergencia por 60 días en Ica y en Arequipa. La Policía Nacional del Perú está encargada de mantener el orden interno en conjunto con miembros de las Fuerzas Armadas.
El anuncio fue oficializado mediante los decretos supremos N.º 141-2022-PCM y 142-2022-PCM, en el diario El Peruano durante la noche del martes 13.
Esta medida está relacionada por la gran cantidad de protestas en 12 regiones del interior del país, en las que se han reportado decenas de heridos por los enfrentamientos con la Policía, tras la búsqueda del cambio de Constitución y el cierre del Congreso.
En este estado de emergencia se detalló que, durante estos 60 días, quedan suspendidos los derechos constitucionales referidos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y seguridad personal, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
En el documento se expresa de acuerdo al artículo 3 : “La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.º 1186, decreto legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y en el Decreto Legislativo N.º 1095, decreto legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.º 003-2020-DE, respectivamente”.
La medida sostiene que, dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia, la Policía Nacional debe presentar al titular del Ministerio del Interior un informe detallado de las acciones desplegadas durante el régimen de excepción y los resultados obtenidos.
Finalmente es importante recalcar que el decreto Supremo de estado de emergencia es refrendando por el presidente del Consejo de ministros, el Ministerio del Interior, el ministro de Defensa y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
