El juicio oral por colusión contra el exalcalde provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada, y cinco exfuncionarios ediles ha sido instalado por el juez Unipersonal Supraprovincial especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios, Dr. Edy Leva Cascamayta. El Ministerio Público acusa a los acusados de haberse coludido con el consorcio GR Arquitectos para obtener la buena pro del Proyecto de Inversión Pública ‘Mejoramiento y Desarrollo de Capacidades Institucionales para el Ordenamiento Territorial de la provincia de Arequipa’.
Además del ex alcalde Alfredo Zegarra, los ex funcionarios ediles implicados son:
- Pedro Valdivia Salas (Subgerente de Logística e integrante del comité especial ad hoc)
- Angel Manrique Chávez (Subgerente de Asentamientos Humanos y Presidente del comité especial ad hoc)
- Carlos Alberto Perea Barreda (Miembro del comité especial ad hoc)
- Luis Begazo Burga (Gerente de Asesoría Jurídica)
- Carlos Moya Castro (Gerente de Desarrollo Urbano)
- Raúl Gallegos Velgara (Supervisor).
- Juan Carlos García de los Reyes, ciudadano español, representante del consorcio GR Arquitectos, también es acusado como cómplice primario.
Según la Fiscalía, durante el período de marzo de 2011 a agosto de 2013, los acusados participaron en la ejecución del proyecto de inversión pública, acordando de antemano con el representante del consorcio GR Arquitectos para que llevara a cabo el proyecto, que logró la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) y el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM), que son instrumentos clave para el desarrollo sostenible de las ciudades.
La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena privativa de libertad de 6 años para los acusados, así como 5 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Por su parte, la Procuraduría está solicitando el pago de una reparación civil de 1 millón 750 mil 240 soles.
Conclusión anticipada
En una conclusión anticipada durante la primera audiencia, el acusado Angel Manrique Chávez se declaró autor de los hechos imputados por la fiscalía, acogiéndose a la figura de confesión sincera. Como resultado, fue sentenciado a 4 años de pena suspendida por 209 jornadas de trabajo y al pago de una reparación civil de 109 mil soles. La defensa del acusado ha apelado alegando su delicado estado de salud.
