La Dirección de Inteligencia (DIRIN) de la Policía Nacional advirtió que un eventual viaje de la presidenta Dina Boluarte a Ayacucho y otras tres regiones donde se registraron muertes durante las protestas antigubernamentales —Puno, Apurímac y Junín— era de “alto riesgo”, según un informe difundido.
Los pronósticos alertaron del rechazo ciudadano que podría desatar la presencia de la mandataria. De hecho, se cumplieron la semana pasada cuando fue agredida y zarandeada sin sufrir daños mayores.
Boluarte había participado en la colocación de la primera piedra del asfaltado de una carretera en tres distritos ayacuchanos cuando fue agredida por familiares de víctimas de las protestas. Para el exministro del Interior, Mariano González, esa visita fue una provocación.
Cambios tras agresión en Ayacucho
De acuerdo con fuentes citadas, la salida de Arista obedecería a una “exigencia” del hermano presidencial, Nicanor Boluarte. Investigado por delitos de corrupción y denunciado por tráfico de influencias.
El informe también señala que el despido de Angulo “busca acabar con el equipo” que lidera el general Harvey Colchado, jefe de la Dirección de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) y coordinador general del Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).
Hasta el momento, el Gobierno no se ha pronunciado al respecto. Aunque ha adelantado el posible viaje de la jefa de Estado a Puno con ocasión de la celebración de la Virgen de la Candelaria.
El anuncio ha generado rechazo por parte de víctimas y otras organizaciones regionales opositoras a Boluarte. Ya que Juliaca, una ciudad que pertenece a Puno, fue escenario de la jornada más sangrienta de las protestas de hace un año. Donde murieron 18 personas en enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Las víctimas piden que la presidenta y su equipo no visiten la región, argumentando que sus presencias pueden generar un caos y que no quieren más derramamiento de sangre.
