La Contraloría General de la República ha emitido un informe revelando graves irregularidades en el Concurso de Prácticas Pre-Profesionales y Profesionales N.º 004-2023-GRM, convocado por el Gobierno Regional de Moquegua. Entre los hallazgos más alarmantes, se identificó la aprobación de bases sin autorización, la omisión de evaluaciones clave, y la selección de postulantes que no cumplían con los requisitos establecidos.
Principales irregularidades
- Bases aprobadas antes de la autorización: Las bases del concurso fueron publicadas sin contar con la autorización oficial, vulnerando las normas establecidas.
- Omisión de evaluación de conocimientos: Esta etapa crucial para garantizar la meritocracia fue eliminada del proceso.
- Admisión de postulantes fuera de plazo o sin requisitos:
- Jennifer D’yanna Tinado Velásquez: Presentó documentos falsos y fue declarada ganadora, pese a que ingresó su solicitud fuera del horario permitido.
- Marjorie Magdyel Linares Gonzales: No firmó los anexos obligatorios.
- Dulce María Diana Nina Torres: No cumplía con la carrera profesional requerida.
Responsables señalados
El informe Acción de Oficio Posterior N.º 107-2024-2-5347-AOP identifica como responsables a los integrantes del Comité de Selección:
- Edilberto Saira Quispe
- Stalin Elizalde Zeballos
- Saúl Hernán Herrera
Estos funcionarios transgredieron las normas establecidas en la directiva N.º 003-2019-GRM/ORA-ORH y la Resolución Administrativa Regional N.º 379-2023-ORA/GR.MOQ, afectando la transparencia y equidad del proceso.
Repercusiones y medidas exigidas
La Contraloría ha instado al titular del Gobierno Regional de Moquegua a tomar medidas inmediatas para corregir estas irregularidades y sancionar a los responsables. Además, enfatizó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y garantizar procesos justos en la administración pública.
Este caso no solo afecta la imagen institucional del Gobierno Regional, sino que también genera desconfianza en los procesos de reclutamiento público, evidenciando la urgencia de implementar sanciones más estrictas y controles eficientes para prevenir futuros actos de corrupción.
