El juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley Soria, tendrá que decidir, si se continúa con la investigación en contra de Pedro Castillo o se respeta la inmunidad del presidente en el artículo 117 de la Constitución del Perú.
Recordemos que, el pasado 29 de mayo, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde amplió la investigación en contra de Pedro Castillo. Por la presunta organización criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Ante esta investigación “irregular” según Benji Espinoza, abogado del presidente. Se presentó una tutela de derechos para la inmunidad del presidente la cual se presentó en la audiencia del día 15 de junio.
Audiencia
Durante la audiencia virtual estuvieron frente a frente el abogado defensor Benji Espinoza Ramos y por la Fiscalía de la Nación, el fiscal supremo adjunto Samuel Rojas Chávez.
Espinoza Ramos defendía la inmunidad del presidente al sustentar que el artículo 117° de la Constitución solo permite acusar al presidente de la República por traición a la patria, impedir las elecciones, cerrar el Congreso o impedir que funcionen los organismos electorales.
Además, señaló que nunca antes la Fiscalía inició una investigación a un presidente en ejercicio del cargo, a pesar de que siempre hubo denuncias públicas. Como en los casos de Alejandro Toledo, por las firmas falsas de Perú Posible, o Alan García, por el caso Petroaudios.
Y recordó que el mismo fiscal Pablo Sánchez archivó una denuncia contra el entonces presidente Ollanta Humala por el caso Odebrecht. En su momento, el fiscal consideró que en el ejercicio del cargo no podía ser investigado, por la inmunidad presidencial de acuerdo con el artículo 117° de la Constitución.
En ese sentido, indicó que no pueden acusar a su defendido por cualquier otro presunto delito en el ejercicio del cargo. Luego, citó opiniones de juristas, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Puntualizó que el concepto de acusación abarca desde el inicio del procedimiento penal, que atribuye un delito.
Nota: Melanie Pariapaza Diaz
