La empresaria y promotora de negocios Karelim López Arredondo se acogió al procedimiento de colaboración eficaz y habría reconocido su participación en diversos presuntos delitos junto al presidente de la República, Pedro Castillo, y ministros de Estado.
López Arredondo presuntamente ha tenido reuniones con el jefe de Estado en Palacio de Gobierno y también acudió al inmueble ubicado en el pasaje Sarratea, en Breña, que Castillo ha utilizado desde la campaña electoral. Tras las visitas realizadas a la sede del Ejecutivo, la empresa vinculada a ella ganó un contrato de S/ 232.5 millones por la obra Puente Tarata III.
Según informó el diario “El Comercio”, la lobista detalló del papel de personajes cercanos o que han sido relacionados con el mandatario, entre ellos Bruno Pacheco, Karelim López, Silvia Barreda, el empresario Zamir Villafuerte (vinculado a la casa de pasaje Sarratea donde Castillo despachaba), los sobrinos del mandatario Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y Rudbel Oblitas Paredes y el ministro Juan Silva Villegas.
“Asimismo, sé que hay una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones, el ministro Juan Silva, las empresas chinas Consorcio Conservación Vial Mazocruz (China Civil Engineering Construction Sucursal del Perú), y otras, siempre con participación de la empresa peruana INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., conformada por Roberto Jesús Aguilar Quispe, de aproximadamente 27 años de edad; así también participa en esta mafia Zamir Villaverde García, quien es el cajero; los sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez, Rousbelt [Rudbel] Oblitas Paredes [sobrino por el lado de su esposa], y cinco congresistas de Acción Popular, entre ellos Raúl Felipe Doroteo Carbajo, y otros a quienes Pedro Castillo y Bruno Pacheco se refieren como ‘Los Niños’ porque obedecen todo lo que dice Pedro Castillo, que son ganadoras de millonarias licitaciones en el MTC desde el 2021″, detalla el colaborador en su declaración del 21 de febrero.
Por su parte, el diario “La República” menciona que la existencia de una presunta organización criminal, encabezada por el presidente Pedro Castillo, se habría infiltrado en Palacio de Gobierno, en diversos ministerios y el Congreso de la República.
El objetivo de dicha organización, asegura, sería obtener dinero con las licitaciones de obras públicas, con los nombramientos en las Direcciones de Salud a nivel nacional, los ascensos en los institutos armados y los reclamos tributarios ante la SUNAT.
El dinero recaudado, según el colaborador, sería utilizado para pagar las deudas que el presidente Castillo habría contraído en la campaña electoral. “Tengo que pagar a los empresarios que han financiado mi campaña”, le habría dicho el presidente.
Además, precisa, que la organización habría logrado obtener el apoyo legal y la protección del fiscal superior Omar Tello Rosales, coordinador de las fiscalías anticorrupción, y de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera. De esta manera, la fiscalía no investigaría sus actividades y se les protegería ante cualquier denuncia.
La declaración también compromete al premier Aníbal Torres y al ex ministro de defensa, Walter Ayala. Aunque no es claro si también como integrantes de la organización ilícita.
Recordemos que Karelim López es indagada por presunto favorecimiento en obra convocada por Provías Descentralizado -caso Puente Tarata-, Petro-Perú y la presentación de una presunta prueba falsa de COVID-19.
