El 14 de mayo venció la concesión por 30 años del hotel Sanctuary Lodge de Machu Picchu, una joya turística enclavada frente a la ciudadela inca. Sin embargo, una medida cautelar emitida por el Juzgado Comercial de Lima, a cargo de la jueza Silvya Llaque Napa, impidió que el Gobierno Regional del Cusco recupere el inmueble, favoreciendo así a Belmond Hotels, actual operador del hotel y vinculado a Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y líder del partido Renovación Popular.
La medida judicial ordena que el Gobierno cusqueño se abstenga de tomar posesión del hotel hasta que se resuelva un arbitraje que Belmond inició ante la Cámara de Comercio de Lima. La empresa sostiene que merece una extensión de al menos 64 meses por las pérdidas económicas sufridas durante la pandemia del COVID-19 y las recientes protestas sociales contra el régimen de Dina Boluarte.
Aunque en apariencia la pugna enfrenta únicamente a la autoridad regional y a la cadena Belmond, la verdad es más compleja. Perú Holding de Turismo SAA, donde López Aliaga figura como accionista principal, es la titular original de la concesión obtenida en 1995. Desde entonces, la firma comparte la operación del hotel con Belmond, manteniéndose como socio estratégico y económico en el proyecto.
Posibles vínculos de Aliaga
El gobernador del Cusco, Werner Salcedo, denunció públicamente que la jueza Silvya Llaque mantendría vínculos previos con un asesor del alcalde de Lima, y pidió una investigación por el posible conflicto de intereses. Mientras tanto, Enrique Ghersi, abogado de Belmond, aseguró que López Aliaga está completamente desvinculado del conflicto. Sin embargo, los registros y documentos empresariales demuestran que el alcalde limeño aún mantiene una posición significativa dentro de la compañía que gestiona la concesión.
Este caso pone bajo la lupa los intereses cruzados entre política y negocios en uno de los destinos turísticos más importantes del Perú. La disputa no solo retrasa decisiones clave para el desarrollo local, sino que también genera dudas sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos y concesiones turísticas estratégicas.
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