El dinero de la minería ilegal, que genera más de 4,600 millones de dólares al año, representa una amenaza directa a la transparencia de las Elecciones Generales y Subnacionales de 2026. Así lo advierte el informe Tendencias y alertas 4 – Estimaciones de economías ilegales en el Perú, elaborado por el colectivo PAS, que expone cómo estas mafias podrían copar el poder político a nivel nacional.
Según el estudio, este flujo millonario permitiría financiar hasta 2,368 campañas presidenciales, 57,728 campañas al Congreso y más de 51,000 candidaturas regionales y municipales, poniendo en grave riesgo la legitimidad del proceso electoral.
Riesgo de captura del Estado
Para el 2026, especialistas advierten que la minería ilegal no solo buscará colocar representantes en el Congreso que favorezcan sus intereses, sino operadores funcionales en gobiernos regionales y municipales, lo cual podría derivar en la captura institucional del Estado por parte de estas economías ilícitas.
“La minería ilegal ya cuenta con una bancada multipartidaria”, advierte el abogado ambientalista César Ipenza, en referencia a las agrupaciones que han promovido normas a favor de este sector informal, entre ellas: Fuerza Popular, Perú Libre, Avanza País, APP, Acción Popular, Renovación Popular, Podemos Perú y Somos Perú.
Estrategia de infiltración
El informe revela que estas mafias han diseñado una estrategia de infiltración política que abarca desde la afiliación a partidos y la selección de candidatos, hasta la manipulación del debate público y la financiación ilegal de campañas. Para ello, utilizarían:
- Fundaciones y donaciones ficticias
- Empresas fantasma y testaferros
- Consultoras y encuestadoras afines
- Publicidad política encubierta
Este patrón ya ha tenido ejemplos concretos, como el caso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), manipulado desde el Congreso para favorecer a operadores ilegales.
Falta de control del Estado
Pese a las alertas, desde el Estado no se observa una respuesta contundente. No se ha fortalecido la inteligencia financiera ni la fiscalización de aportes de campaña, y los partidos políticos siguen sin mecanismos transparentes y verificables que garanticen la limpieza de sus fuentes de financiamiento.
“El peligro no es solo la corrupción, sino la captura del poder”, advierte el colectivo PAS, señalando que, de no corregirse el rumbo, en 2026 podríamos tener un gobierno funcional a las economías ilegales.
Fuente:_NP
