Los fiscales del Ministerio Público de Arequipa: María Cabana Ocsa, Carolina Cáceres Zúñiga, María del Rosario Lozada Sotomayor y Santiago Irigoyen Diaz brindaron sus declaraciones sobre la situación en Atico. Abordaron los temas referentes a las personas desaparecidas, las personas detenidas y el aspecto ambiental.
Mencionaron que es un conflicto normativo, donde el Estado tenía que actuar, evaluando el contexto de las actividades mineras. Buscando evitar conflictos como estos.
El fiscal Santiago Irigoyen Diaz, indicó que se está teniendo el apoyo de fiscales, policía y distintas autoridades para el tema de los desaparecidos en Caravelí. El fiscal afirmó que en la zona son 3 las personas desaparecidas.
Además ya se están realizando las investigaciones del caso con la Fiscalía de Crimen Organizado. Las investigaciones son realizadas en para los dueños de la minera, mineros y comuneros. Resaltó que el acceso a la zona fue difícil, pero se logró llegar al lugar de los hechos.
Sobre las personas desaparecidas
La fiscal María del Rosario Lozada Sotomayor, mencionó que la preocupación ahora son las personas desaparecidas. Siendo solo 3: Abel Angel Solorzano Rosales (25), Luis Gabriel Gabino Collado (28) y Anderson Andrés Espinoza Villanueva (29).
Sin embargo, el fiscal de la zona pidió a la policía nacional atender las denuncias de desaparecidos. Además, se busca que con policía especializada se pueda realizar un barrido en la zona.
Sobre los detenidos
La fiscal María Cabana Ocsa, confirmó el número de 31 detenidos. Explicó que la detención preliminar solo consta de 10 días. Por lo tanto la detención de estas personas vence el domingo 12 de junio. Sin embargo, ellos deberán pronunciarse.
Mencionó también que la policía incautó distintas armas de fuego, municiones de distintos calibres y celulares en las zonas donde fueron detenidas estas personas. En ese sentido, se esperan los resultados de absorción atómica de los detenidos para corroborar quienes hicieron uso de armas de fuego.
Aspecto ambiental
La fiscal ambiental, Carolina Cáceres Zúñiga, explicó que la minería ilegal es aquella que no cuenta con la autorización y que está sometida a fiscalizaciones. El delito, se concreta cuando tiene una posibilidad de daño ambiental. Y la minería informal, es aquella que no tiene autorización pero está en el proceso de formalización, mientras se encuentra en este proceso puede realizar actividades, y no tiene responsabilidad penal.
En ese sentido, explicó que la empresa “Intigold” y las demás concesiones se encontraban en un proceso de formalización.
Indicó además que la Fiscalía debe evaluar constantemente estas mineras informales, cuando se realice el proceso de formalización, y puede retirar a las entidades en cualquier momento si así lo amerita por su impacto.
