Tras la audiencia virtual del 28 de agosto, ayer se publicó la resolución 06-2020 en la que el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Puno declaró improcedente el pedido de conversión de pena privativa de libertad por la de vigilancia personal para Walter Aduviri. La defensa ya anunció que apelará la decisión judicial.
Los abogados del gobernado suspendido de Puno presentaron como principales argumentos las complicaciones de salud que experimentó al interior del penal Yanamayo. Como se recuerda hace unos días el ex dirigente aymara fue diagnósticado con Covid-19. Sin embargo, esto no justifica su excarcelación, según el juez Augusto Castillo Cordero.
Por otro lado, aún quedan pendientes dos expedientes en los que se busca la liberdad de Aduviri. El primero es una casación que fue concedida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Puno y que aún queda pendiente en la Corte Suprema de Justicia. El segundo tiene que ver con un Hábeas Corpus presentado en Junín solicitada por dos abogados de Huancayo: Luis García Robles y Emiliano Ramos Álvarez, tras conocerse el diagnóstico de Covid-19 mencionado líneas arriba.
Walter Aduviri cumple una condena de seis años como coautor por el delito contra la tranquilidad pública en los disturbios del Aymarazo desde 2019.
