La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) advirtió que cuatro de los diez partidos políticos que reciben financiamiento público han destinado menos del 25% de esos recursos a la formación y capacitación de sus militantes.
Desde 2021, estas agrupaciones reciben dinero del Estado por haber logrado representación en el Congreso, conforme lo establece la ley. La norma dispone que al menos el 50% de dichos fondos se use en actividades formativas.
Sin embargo, informes técnicos de la ONPE revelan que varias organizaciones políticas están lejos de cumplir con esta obligación. Esto plantea dudas sobre su compromiso con el fortalecimiento democrático y su preparación de cara a las elecciones generales del 2026.
El financiamiento público directo también puede ser usado en otros fines administrativos, como servicios, bienes o personal, pero la prioridad legal sigue siendo la capacitación política.
La ONPE aún no ha detallado qué partidos presentan esta baja ejecución, aunque se espera mayor fiscalización en los próximos meses.
