Tres agencias del sistema de Naciones Unidas, entre ellas el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), expresaron una seria preocupación por la reciente ley aprobada en el Perú que permite juzgar penalmente a adolescentes desde los 16 años, calificándola de “ineficaz y peligrosa”.
En un comunicado conjunto, las organizaciones internacionales solicitaron la inmediata derogación de la norma, argumentando que esta medida representa un retroceso en la protección de los derechos de los menores y no contribuye a mejorar la seguridad ciudadana.
“El 98% de los delitos cometidos en el país son perpetrados por adultos. Penalizar a los adolescentes no resolverá los problemas de inseguridad, y más bien podría agravarlos”, señala el pronunciamiento.
Las agencias alertaron, además, que esta legislación expone a los jóvenes a entornos penitenciarios que ponen en riesgo su desarrollo integral. Coinciden en que el encierro de menores con adultos representa una amenaza directa a su bienestar físico, emocional y psicológico, al aumentar el riesgo de violencia, abuso y adoctrinamiento criminal.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la criminalización temprana contradice estándares internacionales de justicia juvenil y debilita los esfuerzos de reinserción social.
“Recluir a adolescentes en cárceles comunes les niega la oportunidad de reconstruir su proyecto de vida y los empuja a ciclos de reincidencia”, enfatizaron las entidades.
La declaración también recuerda que la privación de libertad debe ser una medida de último recurso, especialmente cuando se trata de menores. Instan al Estado peruano a reforzar políticas de prevención, protección y educación, en lugar de adoptar respuestas punitivas que han demostrado ser ineficaces.
