Padres de familia de la I.E. Nuestra Señora de los Dolores realizaron una protesta en la Plaza España para exigir que el colegio continúe funcionando en el terreno que actualmente ocupa. La movilización se produjo luego de que una resolución judicial favoreciera al Arzobispado en el proceso relacionado con el desalojo de las estudiantes.
El presidente de Apafa, Edgard Pacheco, señaló que, en una primera instancia, la apelación benefició al colegio. Sin embargo, posteriormente se presentó una nueva resolución que favoreció a la Iglesia, situación que incrementó la preocupación de las familias y de la comunidad educativa.
Los padres reconocieron que el Arzobispado cuenta con documentación donde figura como propietario del predio ante registros oficiales. No obstante, afirmaron que el conflicto se originó años atrás, debido a que en los planos iniciales del distrito de Cerro Colorado el espacio fue destinado para uso educativo.
Según explicó Pacheco, tanto la iglesia como otras áreas ya figuraban previamente en dichos planos. Indicaron que el problema comenzó cuando posteriores gestiones municipales cedieron el terreno al Arzobispado.
Padres rechazan desalojo de alumnas
Durante la protesta, los padres denunciaron que el Arzobispado exige el desalojo de las estudiantes argumentando su condición de propietario. Asimismo, aseguraron que en años anteriores también existieron conflictos similares, aunque en ese entonces se solicitaban pagos económicos para evitar problemas relacionados con el predio.
El presidente afirmó además que las autoridades eclesiásticas no han buscado dialogar directamente con ellos. Indicaron que fueron los propios padres quienes acudieron junto a representantes del colegio para intentar entablar conversaciones sobre la situación legal de la institución.
Otro de los puntos cuestionados fue el argumento relacionado con el estado de la infraestructura. Según los padres, el Arzobispado sostuvo que el colegio presenta deterioro y que por ello sería necesario desalojar el local. Sin embargo, ellos rechazaron esa versión y aseguraron que existen documentos técnicos que acreditan que la infraestructura se encuentra en buenas condiciones.
Explicaron que el mantenimiento del colegio se realiza constantemente con aportes económicos de los padres de familia y jornadas de trabajo organizadas por la comunidad educativa.
Más de 500 alumnas podrían verse afectadas
Los padres informaron que el proceso judicial ya se encuentra en marcha. Asimismo, indicaron que la situación genera incertidumbre entre estudiantes y familias, debido a que más de 500 alumnas de los turnos mañana y tarde podrían resultar afectadas por un eventual desalojo.
Exigieron que el terreno permanezca destinado a la educación y que continúe bajo administración pública. Los apoderados recalcaron que no buscan apropiarse del predio, sino que este se mantenga como espacio educativo para beneficio de la región.
Los padres de familia pidieron justicia y solicitaron que las autoridades evalúen el origen del terreno y su finalidad educativa antes de tomar una decisión definitiva sobre el futuro de la institución.
