Lima se ha convertido en el epicentro de un paro nacional, donde miles de manifestantes de diversos distritos, incluidos Gamarra, San Juan de Lurigancho y Puente Piedra, han comenzado a marchar hacia el Congreso. Las protestas, organizadas por múltiples gremios y asociaciones civiles, surgen como respuesta a la creciente inseguridad en el Perú, caracterizada por extorsiones y actos de sicariato.
Los manifestantes exigen medidas más efectivas para combatir la delincuencia y han solicitado específicamente la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santivañez. Con el transporte público paralizado debido al Paro Nacional, muchas clases en colegios y universidades se han vuelto virtuales, lo que refleja el impacto significativo de estas movilizaciones en la vida diaria de los ciudadanos.
Las demandas de los protestantes incluyen la derogación de la Ley 32108 y la implementación de políticas más severas contra el crimen organizado, debido al incremento masivo de casos de extorsión. A pesar de los intentos del gobierno por minimizar la situación, la convocatoria ha atraído a una amplia base de apoyo de diferentes sectores, que se han unido en la lucha por mayor seguridad.
El contingente policial se ha desplegado en los alrededores del Congreso, intentando mantener el orden mientras los manifestantes se agrupan pacíficamente en el Cercado de Lima. La atmósfera es de determinación, con ciudadanos y organizaciones que exigen acciones concretas por parte de las autoridades para frenar la ola de criminalidad que afecta al país.
Este paro nacional refleja no solo la urgencia de la situación de seguridad, sino también el creciente descontento de la población hacia la inacción gubernamental. A medida que avanza el día, se esperan más actualizaciones sobre la evolución de las protestas y la respuesta del gobierno.
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