La diputada Graciela Chipana, integrante de la bancada de Juntos por el Perú (JP), afronta la etapa de juicio oral acusada por el presunto delito de discriminación agravada en agravio de un menor de edad con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Por este caso, el Ministerio Público solicitó una condena de tres años de pena privativa de la libertad e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Antecedentes de la acusación contra diputada
Los hechos imputados por la Fiscalía se remontan a abril de 2025, cuando la actual legisladora se desempeñaba como docente de nivel inicial (aula de 3 años) en la institución educativa San Antonio de Padua, ubicada en la región Moquegua.
De acuerdo con las indagaciones fiscales y testimonios presentados ante el tribunal:
- La imputada habría impedido el ingreso del menor al aula, cerrándole la puerta y dejándolo solo en el patio del colegio.
- Habría exigido a los padres de familia la contratación obligatoria de una “profesora sombra” como condición para la permanencia del niño.
- Entre los elementos probatorios del Ministerio Público figuran grabaciones de audio donde la acusada afirmaba que la atención del escolar le resultaba “desgastante”.
La denuncia inicial fue promovida por la dirección del plantel tras la declaración testimonial de la auxiliar de educación Evita Quispe. Ante lo sucedido, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) emitió un pronunciamiento de rechazo a todo acto de discriminación. La medida busca garantizar entornos escolares genuinamente inclusivos.
Argumentos de la defensa y posible desafuero
La defensa legal de Chipana, asumida por los abogados Aldo Álvarez y el exfiscal José Domingo Pérez, sostuvo que las expresiones de la parlamentaria fueron malinterpretadas por la Fiscalía y que respondían a un gesto de preocupación por las necesidades del menor y no a un acto de discriminación.
Respecto a las implicancias políticas y legislativas, especialistas en derecho penal señalaron que una sentencia condenatoria firme en segunda instancia activaría el procedimiento constitucional para el desafuero de la diputada de Juntos por el Perú, aunque el proceso
