El Poder Judicial ha dado luz verde a la demanda de amparo presentada por el exprimer ministro Salvador del Solar, en la que busca frenar el proceso de inhabilitación impulsado por el Congreso de la República.
Esta medida judicial responde al juicio político en su contra por la disolución del Parlamento en 2019, hecho que se produjo durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra.
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Según la resolución emitida por el juez Oswaldo Ordoñez, presidente de la Primera Sala Constitucional de Lima, la demanda ha sido admitida a trámite, lo que obliga al Congreso a responder en un plazo de 10 días hábiles.
Además, se ha fijado la audiencia para el 12 de agosto, fecha en la que se evaluará el fondo del caso y se determinará si procede o no la acusación constitucional contra Del Solar.
El origen de este proceso se remonta a la aprobación del informe final de la denuncia constitucional por parte de la Comisión Permanente del Congreso. Dicho informe, elaborado por el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), recomienda la inhabilitación por cinco años de Salvador del Solar, junto al expresidente Martín Vizcarra y al exministro Vicente Zeballos.
La acusación señala una presunta infracción constitucional cometida por los tres exfuncionarios durante el cierre del Parlamento en septiembre de 2019, medida que generó una profunda crisis política en el país.
Del Solar sostiene que el proceso impulsado por el Congreso vulnera sus derechos fundamentales y constituye una represalia política por una decisión que, en su momento, fue respaldada por sectores de la ciudadanía y que incluso fue refrendada por el Tribunal Constitucional.
Con esta demanda de amparo, busca frenar lo que considera un intento arbitrario de inhabilitarlo y dejar un precedente frente a lo que califica como un uso indebido de los mecanismos de control político.
El caso promete marcar un nuevo hito en la ya tensa relación entre el Legislativo y quienes participaron en la disolución del Congreso, reabriendo un debate de fondo sobre los límites del poder parlamentario y la legalidad de las decisiones tomadas en aquel momento crítico para la democracia peruana.
