El Poder Judicial ordenó ampliar por ocho meses la investigación preparatoria que se sigue contra Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, y la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta. Ambos son investigados por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado. La medida fue dispuesta por el juez supremo Juan Carlos Checkley, tras declarar fundado el requerimiento de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria.
La Fiscalía argumentó que el caso es complejo debido a que involucra múltiples delitos cometidos en distintas circunstancias. Además, resaltó la dificultad para obtener pruebas, dado que se trata de presuntos actos de corrupción cometidos de forma clandestina. Esta situación, según la institución, requiere un análisis minucioso para contextualizar los hechos y establecer su naturaleza delictiva.
Durante los primeros ocho meses de investigación se realizaron diligencias como allanamientos, visualización de videos y toma de declaraciones. Sin embargo, no se completaron todos los actos previstos. A esto se suma que en el transcurso del proceso se incorporaron dos nuevos investigados, lo que incrementó la carga procesal y la necesidad de ampliar los procedimientos.
En su resolución emitida el 1 de julio, el juez Checkley señaló que el pedido fiscal era razonable, especialmente porque esta será la última prórroga posible. Una vez vencido este nuevo plazo, no se podrá extender más la investigación.
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