El Poder Judicial anuló las sanciones que el INPE impuso al expresidente Pedro Castillo, tras su huelga de hambre en marzo. Castillo protestó contra el juicio oral por el caso del fallido golpe de Estado, y denunció injusticias del sistema judicial. El fallo sostiene que el INPE no debió sancionarlo por ejercer un derecho personal.
Según la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima, la sanción fue “absurda y humillante”. El juez Andrés Fortunato Tapia sostuvo que el Estado no puede castigar a alguien por no querer comer. Solo podría intervenir si la vida del interno corre peligro.
El INPE abrió un proceso disciplinario contra Castillo, lo aisló y le restringió las visitas. El tribunal criticó esta medida, recordando que la protesta pacífica no justifica sanciones dentro de un penal. La huelga, subraya el fallo, es una expresión válida de disconformidad.
Con esta decisión, el Poder Judicial reafirma que los derechos fundamentales deben respetarse incluso en un contexto penitenciario. La huelga de hambre, aunque extrema, constituye una forma legítima de protesta frente a situaciones que el interno considera injustas. El fallo envía un mensaje claro al sistema penitenciario: las sanciones no pueden vulnerar derechos básicos ni convertirse en mecanismos de castigo político. Pedro Castillo seguirá afrontando el juicio por el caso del fallido golpe de Estado, pero sin las restricciones impuestas por su protesta, lo que podría marcar un precedente en el trato hacia otros reclusos que también opten por manifestarse pacíficamente dentro de centros penitenciarios.
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