El hermano de la presidenta de Perú, Nicanor Boluarte, sigue siendo el centro de atención en medio de una investigación por presunta corrupción y tráfico de influencias. Este lunes, no se presentó a la audiencia virtual convocada por el Poder Judicial, donde se discutía la solicitud de 36 meses de prisión preventiva en su contra, por su supuesta participación en una red de tráfico de influencias conocida como ‘Waykis en la Sombra’.
El abogado defensor, Luis Vivanco, informó al juez Richard Concepción Carhuancho que no había logrado comunicarse con su cliente, quien no estuvo presente en la sesión. Este hecho levantó sospechas de una posible fuga, ya que Boluarte fue visto recientemente participando en audiencias desde un automóvil, lo que ha generado dudas sobre su disposición a presentarse ante la justicia.
La investigación, liderada por el Ministerio Público, vincula a Nicanor Boluarte con una organización criminal dedicada a la designación de prefectos y subprefectos a través de prácticas ilícitas. Además, se señala que el exjefe de la Dirección de Gobierno Interior, Jorge Ortiz Marreros, estaría involucrado en estos hechos, aunque este último sí compareció en la audiencia.
Según la acusación, la red habría utilizado su poder dentro del aparato estatal para beneficiar al partido Ciudadanos por el Perú, fundado por la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, la defensa del hermano de la mandataria asegura que la solicitud de prisión preventiva carece de fundamento, señalando que Nicanor Boluarte ha demostrado su arraigo en el país.
¿Se puede aplicar la ley de crimen organizado?
Durante la audiencia, el juez Concepción Carhuancho también comentó sobre la posibilidad de que la nueva ley sobre crimen organizado, impulsada recientemente por el Congreso, podría ser inaplicable en este caso, al considerarla inconstitucional. El juez cuestionó la ley y su impacto en funcionarios públicos, argumentando que se trata de una legislación con consecuencias negativas.
El caso sigue bajo escrutinio, y la situación de Nicanor Boluarte genera incertidumbre, ya que podría enfrentarse a serias consecuencias judiciales si se confirma su vinculación con actos de corrupción.
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