El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes. Ha sido objeto de controversia tras su implicación directa en la aprobación de un proyecto de ley que le permitió beneficiarse de la prescripción de una denuncia por estafa y falsedad genérica.
Documentos oficiales reflejan que Soto, en calidad de vocero de su partido Alianza para el Progreso (APP), influyó en la inclusión del proyecto de ley en la Orden del Día. La iniciativa propuesta buscaba modificar el Código Penal y el Código Procesal en relación a la suspensión de la prescripción penal. Una modificación que coincidía con su caso personal.
El plazo era ajustado, ya que el congresista enfrentaba una sentencia de 8 años y 8 meses solicitada por la fiscalía por los delitos mencionados. El juez a cargo del caso programó inicialmente la audiencia para el 12 de abril. Pero esta se reprogramó para el 21 de julio debido a conflictos en la defensa. Alejandro Soto necesitaba la aprobación del proyecto de ley antes de esa fecha para evitar la condena, y logró su objetivo.
Interés de Alejandro Soto era muy notorio
Durante el proceso legislativo, Soto participó activamente en las votaciones. Esto a pesar de su conflicto de interés, ya que la ley en discusión tenía un impacto directo en su caso legal. La “ley Soto” fue promulgada a una velocidad sorprendente, en menos de medio año. Lo que ha generado cuestionamientos sobre la prioridad y la ética detrás de esta legislación.
La controversia en torno a este incidente resalta la importancia de la transparencia y la integridad en la función pública, y plantea interrogantes sobre la adecuada separación de intereses personales y responsabilidades oficiales. La situación de Alejandro Soto ha reavivado el debate sobre la necesidad de una mayor vigilancia y rendición de cuentas en el ámbito legislativo.
