Cientos de obreros del Sindicato de Construcción Civil de Arequipa tomaron las calles este viernes para protestar contra la sentencia de 7 años de prisión efectiva impuesta a dos ex dirigentes, Genaro Jorge Tapia Quispe y Jesús Rubén Díaz Díaz. Los manifestantes consideran que la sentencia es injusta y que sus compañeros son inocentes de los cargos por los que se les acusa.
La jornada de protesta comenzó en el Metro de Cerro Colorado y culminó en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Los obreros, portando carteles y gritando consignas, exigieron la revisión del caso y que se anule la sentencia de sus ex dirigentes.
Las acusaciones
Tapia Quispe y Díaz Díaz fueron condenados por presunta coacción y extorsión a una empresa durante la construcción de un colegio en el distrito de Tiabaya. El caso, conocido como “Ladrillo Sindical del Sur”, forma parte de una investigación más amplia.
La postura del sindicato
El secretario regional del Sindicato de Construcción Civil, Alfredo Phuño, rechazó las acusaciones contra sus compañeros y aseguró que las pruebas presentadas en el juicio no son suficientes para condenarlos. Phuño también señaló que la sentencia ha generado gran malestar entre los trabajadores, quienes consideran que es una muestra de persecución contra el sindicato.
Como muestra de apoyo a sus ex dirigentes, los obreros del sindicato paralizaron al menos 60 obras en Arequipa durante la jornada de protesta. Phuño advirtió que las movilizaciones podrían continuar si la justicia no revoca la sentencia.
Antecedentes
En el año 2023, los mismos ex dirigentes ya habían enfrentado una sentencia de 15 años de prisión suspendida por este mismo caso. En aquella ocasión, también se realizaron movilizaciones para exigir su libertad.
El caso “Ladrillo Sindical del Sur”
En noviembre de 2019, once dirigentes de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) y del Sindicato de Construcción Civil fueron acusados de formar parte de la organización criminal “Ladrillo Sindical del Sur”. Según la investigación del Ministerio Público, esta organización extorsionaba y cobraba cupos a empresas constructoras que ejecutaban proyectos del Estado en la región.
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