Los enfrentamientos registrados en la obra del nuevo módulo de justicia en Cerro Colorado desencadenaron una investigación por presunta extorsión, la intervención del Ministerio Público y la detención de dos dirigentes sindicales. Mientras las investigaciones avanzan, el conflicto reabre el debate sobre la violencia y los presuntos cobros de cupos en el sector Construcción Civil.
Una protesta que terminó en violencia
Lo que comenzó como una protesta para exigir la contratación de trabajadores afiliados al Sindicato de Construcción Civil de Arequipa terminó convirtiéndose en una jornada de violencia que paralizó las labores en la construcción del nuevo módulo de justicia, ubicado en el sector Semi Rural Pachacútec, en el distrito de Cerro Colorado.
La mañana del lunes, decenas de obreros llegaron hasta la obra para exigir que la empresa constructora incorpore personal afiliado al gremio. Con el paso de las horas, la manifestación escaló hasta convertirse en enfrentamientos con efectivos policiales.
Durante los disturbios, parte del cerco perimétrico fue derribado y se registraron daños materiales en la infraestructura en construcción. La Policía intervino para restablecer el orden, mientras que la empresa denunció que las protestas afectaban el normal desarrollo de la obra.
La cobertura realizada por HBA Noticias mostró el desarrollo de los enfrentamientos y la tensión que se vivió durante varias horas en los exteriores del proyecto judicial, donde incluso se denunciaron agresiones contra periodistas que cubrían los hechos.
El Poder Judicial rechaza los actos de violencia
Tras los incidentes, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Nicolás Iscarra Pongo, condenó públicamente los hechos y sostuvo que ninguna demanda laboral puede justificarse mediante actos violentos.
Asimismo, informó que la empresa ejecutora reportó daños económicos que superarían los 570 mil soles, además de un retraso superior a un mes en la ejecución del proyecto judicial. También recordó que existen antecedentes de hechos similares en otras obras públicas y señaló que corresponderá al Ministerio Público y al Poder Judicial determinar las responsabilidades penales.
Fiscalía abre investigación por presunta extorsión
Horas después de los disturbios, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar por el presunto delito de extorsión.
La Fiscalía dispuso diligencias durante 60 días para determinar si existieron presiones o exigencias ilegales dirigidas a la empresa constructora para contratar trabajadores vinculados al sindicato.
Entre las acciones ordenadas se encuentran el análisis de videos, la recopilación de testimonios y la evaluación de la denuncia presentada por la empresa, que aseguró haber recibido llamadas exigiendo la contratación de personal para la obra.
Paralelamente, la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito exhortó a los manifestantes a ejercer su derecho a la protesta dentro del marco legal, recordando que delitos como disturbios, daños a la propiedad o afectación de servicios públicos pueden generar responsabilidades penales.
La detención de los dirigentes
La investigación dio un nuevo giro el martes, cuando agentes de la Policía Nacional detuvieron al secretario general del Sindicato de Construcción Civil de Arequipa, Lugue Espinoza, y al secretario de Organización, Juan Chicata Orihuela.
Ambos fueron trasladados a la División de Investigación Criminal (Divincri), donde permanecen mientras la Fiscalía evalúa los elementos reunidos durante las diligencias preliminares.
De acuerdo con la investigación, los dirigentes son indagados por la presunta exigencia de cupos laborales y por su presunta participación en los disturbios registrados durante la protesta. La Fiscalía precisó que la investigación se encuentra en etapa preliminar y que serán las diligencias las que determinen si existen elementos suficientes para formalizar una investigación preparatoria.
Reacciones y protestas tras las detenciones
Luego de conocerse las intervenciones policiales, un grupo de trabajadores de Construcción Civil realizó movilizaciones en respaldo de los dirigentes detenidos y se concentró en inmediaciones de dependencias públicas exigiendo su liberación.
Las protestas motivaron un reforzamiento de la seguridad policial en el nuevo módulo de justicia para evitar nuevos enfrentamientos y garantizar la continuidad de los trabajos.
Un conflicto que vuelve a poner bajo la lupa al sector
Los recientes acontecimientos vuelven a colocar sobre la mesa un problema que durante años ha acompañado al sector Construcción Civil: las denuncias por presuntos cobros de cupos, disputas por puestos de trabajo y hechos de violencia vinculados a algunas organizaciones sindicales.
Mientras la investigación continúa, el Ministerio Público deberá determinar si existen responsabilidades penales por los presuntos delitos denunciados. Por su parte, el Poder Judicial tendrá la última palabra sobre las investigaciones que hoy mantienen en el centro del debate a dos de los principales dirigentes del sindicato de Construcción Civil de Arequipa.
La resolución del caso será determinante no solo para los investigados, sino también para el desarrollo de futuras obras públicas en la región, donde la seguridad de los trabajadores y el respeto al Estado de derecho se han convertido nuevamente en temas prioritarios.
