La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa a cargo del fiscal provincial Rubén Núñez Soto solicitó 10 años de pena privativa de la libertad en contra del actual alcalde de Arequipa, Omar Candia Aguilar y otras cuatro personas, durante el inicio del tercer juicio por el caso de implementación de cámaras de seguridad ciudadana del distrito de Alto Selva Alegre en agravio del Estado.
La autoridad municipal es procesada por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión agravada en agravio del Estado, al no haber atendido el pedido de nulidad realizado por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) por la no integración de las bases para la adquisición de 40 cámaras de seguridad. Tampoco observó la modificación de la forma del pago, la ampliación de plazo para la entrega de las cámaras, el cambio de tecnología, entre otras irregularidades.
El burgomaestre con su conducta, habría generado un perjuicio económico de 2 millones 100 mil 010,58 y una deuda de 36 mil 929 soles por el uso de la infraestructura sin permiso, esto pese a las comunicaciones realizadas por Seal y Osinerming respecto a la irregularidad.
En el caso de los exfuncionarios e integrantes del comité especial de selección, Juan Jesús Lipe Lizárraga y Reynaldo Ubaldo Díaz Chilo, son procesados porque tampoco atendieron las observaciones de Osce, aprobaron ilegalmente las modificaciones del contrato y del Proyecto, el expediente técnico del Proyecto sin sustento alguno y sin contar con el visto bueno del jefe de la División de Proyectos de Inversión, autorizaron pagos sin justificación debida, realizaron una cotización directamente con empresas relacionadas entre sí, para la contratación del consultor que elaboró el expediente técnico del Proyecto y del proveedor que se encargaría de la implementación y puesta en función del mismo.
Asimismo, la sanción es solicitada para José Luís Ríos Sánchez (representante legal de las empresas Soluciones del Perú SA, y Andina Technology Partners INC, que conformaron el Consorcio Soluciones – Andina) por el perjuicio generado; y el ingeniero de sistemas, Sandro Constantino Martínez Sardón al haber firmado un contrato como consultor para el proyecto técnico, pese que por norma correspondía a un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones colegiado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú, señaló como domicilio la misma dirección que el Consorcio ganador de la buena pro declaró como la ubicación de su almacén, se pronunció favorablemente por el uso de la solución de fibra óptica, amplió irregularmente el presupuesto.
Asimismo, entregó un expediente técnico con un incremento del 350% en el presupuesto en comparación al Proyecto declarado viable en el año 2008, para el sistema de monitoreo y vigilancia.
La Fiscalía cuenta con peritajes, auditoría, y todo lo recabado en la investigación, donde se concluye que el alcalde Candia y los exfuncionarios habrían concertado ilegalmente con Ríos Sánchez, realizando un fraude al Estado, tanto en la contratación y elaboración del expediente técnico del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana del distrito del Alto Selva Alegre – Arequipa), como en el proceso de selección, contratación y la ejecución del mismo, entre otros elementos probatorios. El juicio debe concluir en noviembre.
