10 de noviembre de 2026

SUDUNSA cuestiona proyecto del diputado Christian Aranda sobre evaluación y ascenso de docentes

El proyecto pretende declarar inconstitucional la normativa que regula los procesos de evaluación, ratificación y ascenso docente, así como el nombramiento de jefes de práctica en las universidades públicas.

El Secretario General del Sindicato Unificado de Docentes de la Universidad Nacional de San Agustín (SUDUNSA), Andrés Luque, rechazó la iniciativa legislativa presentada por el diputado Christian Aranda. El proyecto pretende declarar inconstitucional la normativa que regula los procesos de evaluación, ratificación y ascenso docente, así como el nombramiento de jefes de práctica en las universidades públicas.

El dirigente sindical sostuvo que la propuesta atenta contra la Ley Universitaria y preceptos de la Constitución. Luque advirtió que la norma agravaría la crisis de gobernabilidad en la UNSA y en el sistema universitario nacional, donde los ascensos permanecen paralizados desde hace más de cinco años. Explicó que la falta de ratificaciones impide la renovación de docentes principales necesarios para asumir los cargos de dirección institucional en Arequipa.

“El proyecto del diputado Aranda desconoce la realidad universitaria y vulnera derechos constitucionales. Dejarnos sin evaluaciones ni ascensos provocará un colapso en la gobernabilidad y en la carrera académica”, aseveró Andrés Luque.

Plazos de evaluación y saturación de plazas en la UNSA

Las observaciones formuladas por la dirigencia del SUDUNSA exponen los siguientes puntos normativos:

  • Periodos de ratificación según categoría: La Ley Universitaria establece evaluaciones cada 3 años para profesores auxiliares, 5 años para asociados y 7 años para principales.
  • Estancamiento en la carrera docente: La ausencia de ascensos desde hace más de un quinquenio genera una saturación de catedráticos en los niveles auxiliar y asociado.
  • Impacto en la gobernabilidad universitaria: La falta de promociones a la categoría principal reduce el universo de autoridades aptas para asumir decanatos y rectorados.

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