En mayo, el Tribunal Constitucional (TC) se pronunciará sobre un tema clave para el futuro político y judicial de la presidenta Dina Boluarte: si puede ser investigada penalmente durante el ejercicio de su mandato.
La decisión se da en el marco de una demanda competencial presentada por el Ministerio Público, que busca esclarecer los límites de la inmunidad presidencial establecidos en la Constitución.
El caso surge a raíz de la investigación preliminar abierta por la Fiscalía contra la mandataria por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, vinculado a la adquisición de relojes de alta gama.
La defensa de Boluarte sostiene que la jefa de Estado no puede ser investigada mientras ocupe el cargo, salvo por los delitos expresamente señalados en el artículo 117 de la Carta Magna, como traición a la patria, impedir elecciones o disolver inconstitucionalmente el Congreso.
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Sin embargo, el Ministerio Público argumenta que existe un vacío interpretativo que debe resolverse para garantizar el principio de igualdad ante la ley.
El pronunciamiento del TC podría sentar un precedente importante sobre los alcances de la inmunidad presidencial en el país y su compatibilidad con el control judicial en casos de presunta corrupción.
