El Tribunal Constitucional (TC) prorrogó hasta el año 2030 el plazo para que el Poder Ejecutivo resuelva el problema de hacinamiento en las cárceles del país.
La medida fue adoptada luego de que el Gobierno de Dina Boluarte solicitara una ampliación de 2 años y 7 meses.
Sin embargo, el TC decidió otorgar cinco años adicionales, considerando la magnitud del problema y las acciones aún pendientes.
La decisión se tomó tras el vencimiento del plazo original concedido en 2020, que daba al Estado cinco años para reducir la sobrepoblación carcelaria.
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Durante ese tiempo, no se logró un avance significativo. En algunos penales, la capacidad instalada se ve superada hasta en un 500%.
El fallo fue aprobado por mayoría del pleno del TC, en respuesta a un pedido de ampliación formulado por el Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia.
La resolución reconoce la complejidad estructural del sistema penitenciario y la necesidad de más tiempo para implementar soluciones sostenibles.
