El futuro de Keiko Fujimori depende ahora del Tribunal Constitucional (TC). Este órgano ha solicitado a la Fiscalía sustentar en un plazo de 10 días los argumentos que justifican la acusación por lavado de activos contra la lideresa de Fuerza Popular. La solicitud surge en el contexto del habeas corpus que presentó su defensa, que busca anular toda la investigación por los aportes recibidos en las campañas de 2011 y 2016. La Fiscalía deberá convencer a los magistrados de que esos fondos sí configuran un delito y no una simple infracción administrativa.
El fiscal José Domingo Pérez, responsable del caso, eliminó a 19 procesados de su acusación principal luego de que el TC anulara cargos contra el exsecretario general del partido, José Chlimper. Entre los excluidos figura Luis Barboza, exfuncionario de la ONPE, quien validó informes financieros falsos según la Fiscalía. Pese a su rol clave, Pérez lo retiró del proceso porque el TC considera que se le imputaron hechos no incluidos formalmente en la etapa de investigación preparatoria. Este precedente podría facilitar que más implicados queden libres de juicio.
Lava Jato
El Tribunal ya dio señales claras de su intervención. En 2024, anuló otra acusación contra Fujimori por obstrucción a la justicia y obligó a reiniciar el caso desde cero. Además, retiró de la investigación a seis abogados de la excandidata presidencial al considerar que Pérez no era imparcial en su rol. Estas decisiones muestran una tendencia del TC a debilitar los casos construidos por el equipo especial Lava Jato, generando preocupación entre juristas y exmagistrados como Marianella Ledesma, quien advierte que el TC se alista para convertir el habeas corpus en un amparo y cerrar el caso de forma definitiva.
De concretarse esta conversión, el TC tendría vía libre para invalidar toda la investigación que la Fiscalía ha desarrollado durante casi una década. El impacto no se limitaría a Fujimori, sino que alcanzaría a otros casos emblemáticos como el de Ollanta Humala. La argumentación de la defensa apunta a que en 2011 y 2016 no existía norma que sancionara los aportes irregulares como delitos. La Fiscalía, en cambio, insiste en que los fondos provinieron de fuentes ilícitas y fueron ocultados deliberadamente.
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