La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, exhortó al Poder Ejecutivo a considerar al personal del Ministerio Público dentro de la primera fase de vacunación contra el coronavirus (COVID-19), por cumplir “funciones ininterrumpidamente durante la pandemia”.
“Invocamos al gobierno a que, en este primer grupo, también considere al personal fiscal, personal de Medicina Legal y administrativo que por su actividad están expuestos a situación de riesgo al igual que los demás grupos considerados en la Fase I”, señaló en un comunicado difundido en las redes sociales institucionales.
Este domingo llegarán al Perú 300,000 dosis del primer lote de vacunas contra el coronavirus del laboratorio chino Sinopharm. El presidente Francisco Sagasti estimó que entre el martes y miércoles de la próxima semana comenzará la campaña de vacunación en su primera fase para personal de salud.
“En la mencionada Fase I se ha considerado a los grupos de mayor riesgo como son el personal de salud, de las Fuerzas Armadas, seguridad ciudadana, servicios de limpieza, personal penitenciario, personas privadas de libertad y miembros de mesa electorales, más no se ha tenido en cuenta al personal del Ministerio Público”, resalta el documento.
Explica que, “en cumplimiento de los roles constitucionales de prevención y persecución del delito, los fiscales están presentes en la primera línea de riesgo”.
“Las Fiscalías de Turno en las distintas especialidades, no han dejado de atender durante las 24 horas. Como tampoco se ha dejado de atender asuntos urgentes, como son los de violencia contra la mujer y personas vulnerables, protestas públicas, incluso se han llevado a cabo grandes operativos para enfrentar la criminalidad y la corrupción durante la emergencia”, refiere.
En ese sentido, precisa que tanto fiscales como personal administrativo y de planta “han sido víctimas de contagio de COVID-19, en algunos casos, con consecuencias fatales”.
Finalmente, destaca que el próximo proceso electoral también contará con la presencia fiscal, por lo que “es necesario garantizar los derechos a la vida, integridad y a la salud de los integrantes del Ministerio Público”.
