El juez Raúl Justiniano ha autorizado la inclusión de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios como “actor civil” en la investigación contra Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, y otros acusados en el caso Anguia. Esto permite a la procuraduría buscar el pago de una posible reparación civil en favor del Estado peruano si los acusados son hallados culpables de los cargos de organización criminal y otros delitos.
El juez basó su decisión en el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el Código Procesal Penal. Donde destacó que ninguna de las partes en el proceso se opuso al pedido de la defensa legal del Estado.
Proponen una reparación civil
La Procuraduría propone que los acusados paguen de manera solidaria una reparación civil no menor a cinco millones 943 mil cuatro soles. Esto por su presunta participación en una organización criminal dedicada a licitaciones públicas fraudulentas en varias regiones del país. Se alega que favorecieron a empresas con el otorgamiento de contratos millonarios sin cumplir los requisitos legales.
El caso ha generado interés y controversia en la opinión pública, ya que involucra a personas cercanas al expresidente Castillo en supuestas actividades ilícitas.
