El Ministerio Público ha ampliado su alcance en las investigaciones sobre las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, añadiendo dos nuevos casos a las 18 investigaciones previamente en marcha. Estas nuevas indagaciones se centran en presuntas violaciones de derechos humanos durante los disturbios que llevaron a numerosas muertes y lesiones.
Nuevos Casos en Investigación
Las dos nuevas investigaciones se enfocan en los siguientes individuos y eventos:
- Comandante Segundo Ocampo Aguirre: Se investiga su papel en los incidentes del aeropuerto Manco Cápac en Juliaca, Puno. Se le imputa por lesiones graves y leves, además de abuso de autoridad. Durante estos incidentes, cuatro personas resultaron heridas.
- Mandos Policiales de Apurímac: El segundo caso involucra a Raúl Alfaro Alvarado, excomandante general de la Policía, Luis Flores Solís, exjefe del Frente Policial de Apurímac, Alexis Luján Ruiz, jefe de la División Policial de Andahuaylas y Chincheros, y los oficiales Carlos Cuya Campos y Litman Peña Pacheco. Estos individuos están bajo investigación por los eventos del 12 de diciembre de 2022 cerca de la comisaría de Chincheros en Apurímac, donde un menor de edad falleció y dos personas resultaron heridas.
Impacto y Contexto
Las nuevas investigaciones reflejan un esfuerzo por abordar las serias acusaciones de abuso y violencia que emergieron durante las protestas. Los disturbios, que se extendieron por varias regiones, fueron una respuesta a la frustrada tentativa de golpe de Estado por parte del entonces presidente Pedro Castillo. Las manifestaciones resultaron en una serie de enfrentamientos que afectaron a diversos departamentos del país.
Avance en las Investigaciones
Con estas adiciones, el total de investigaciones preparatorias alcanza los 20 casos en curso, abarcando departamentos como Lima, Apurímac, Arequipa, Puno, Cusco, La Libertad, Ucayali, Junín y Ayacucho. Se estima que alrededor de 160 miembros de la Policía y del Ejército están involucrados en estos casos.
Estas acciones subrayan el compromiso del Ministerio Público en buscar justicia y responsabilidad por las violaciones de derechos humanos durante los tumultuosos eventos que sacudieron al Perú en ese periodo.
