Comisión de Ética analizará denuncia de oficio contra Lucinda Vásquez
La Comisión de Ética del Congreso sesionará este lunes a las 4:00 p.m. para evaluar la denuncia de oficio presentada contra la parlamentaria Lucinda Vásquez, luego de que un reportaje periodístico revelara presuntos actos de uso indebido de recursos públicos en su despacho congresal.
El caso surgió tras la difusión de imágenes por el programa Cuarto Poder, en las que se observa a los asesores de la legisladora realizando tareas personales y domésticas, como cortarle las uñas de los pies y prepararle alimentos, durante su jornada laboral y con remuneración del Estado.
Inicio del proceso disciplinario
La sesión de este lunes marcará el inicio del proceso disciplinario en el marco de las competencias del grupo parlamentario, encargado de analizar conductas que puedan vulnerar el Código de Ética congresal o representar mal uso de recursos públicos.
La denuncia se tramita de oficio, es decir, sin necesidad de una presentación formal por terceros, al considerarse un caso de presunta gravedad institucional. Durante la sesión se prevé la revisión del material audiovisual difundido y el debate sobre la admisibilidad del caso.
Respuesta de la congresista
Ante las acusaciones, Lucinda Vásquez difundió un comunicado oficial, donde calificó las imágenes como “sacadas de contexto” y atribuyó el reportaje a una presunta venganza de ex trabajadores de su despacho. La parlamentaria sostuvo que el material no refleja la totalidad de los hechos y criticó la intención de la denuncia mediática.
Hasta el momento, Vásquez no ha ofrecido declaraciones públicas adicionales ni ha acudido a entrevistas para aclarar su versión de manera directa.
Posibles sanciones y consecuencias
El uso de personal del Congreso para fines personales constituye una falta ética grave, especialmente si ocurre durante el horario de trabajo y con fondos públicos. De confirmarse los hechos, la Comisión de Ética podría recomendar una sanción disciplinaria, la cual deberá ser ratificada por el Pleno del Congreso.
Si el caso es admitido, se abrirá una fase de investigación más detallada, que incluirá la recopilación de testimonios, revisión de documentos y la evaluación del impacto institucional del presunto mal uso de recursos del Estado.
