Congreso aprueba ampliar la detención policial hasta 15 días en casos de sicariato y extorsión
La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó por mayoría el dictamen que amplía el plazo de detención policial de 48 horas a 15 días en los casos de sicariato y extorsión. La propuesta obtuvo 20 votos a favor y 2 abstenciones.
Dado que implica una reforma constitucional, la medida deberá ser ratificada en dos legislaturas ordinarias consecutivas antes de entrar en vigencia. Actualmente, solo se aplica este plazo extendido para delitos como terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y los cometidos por organizaciones criminales.
El proyecto plantea modificar los numerales 5 y 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, incorporando el sicariato y la extorsión dentro de los supuestos excepcionales que permiten una detención más prolongada por parte de la Policía Nacional.
Argumentos a favor de la reforma
El presidente de la comisión, Arturo Alegría García (Fuerza Popular), sostuvo que esta iniciativa responde al crecimiento del crimen organizado y a la necesidad de fortalecer las investigaciones penales.
“Las 48 horas actuales resultan insuficientes para investigar estructuras criminales complejas, con jerarquías violentas y redes internacionales. La medida busca armonizar la libertad individual con la protección de la seguridad colectiva”, afirmó Alegría.
El congresista también señaló que la propuesta cuenta con el respaldo institucional de la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y expertos internacionales, quienes consideran que el cambio permitirá mejorar la eficacia en la lucha contra la criminalidad.
Levantamiento de la reserva bursátil
El dictamen aprobado incluye otra disposición importante: permitir que el juez, la Fiscalía de la Nación, una comisión investigadora del Congreso, la Contraloría o la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP puedan solicitar el levantamiento de la reserva bursátil.
Esta medida se suma a las facultades ya existentes para levantar el secreto bancario y la reserva tributaria, con el fin de reforzar la lucha contra el lavado de activos, la corrupción y la financiación del crimen organizado.
Durante el debate, los congresistas destacaron que la reserva bursátil está directamente relacionada con el secreto bancario, por lo que debe recibir un tratamiento normativo equivalente para rastrear el origen y destino de fondos sospechosos. Alegría subrayó que elevar esta disposición al rango constitucional permitirá mayor control judicial y transparencia en su aplicación.
Respaldo político al dictamen
Varios parlamentarios, entre ellos Gladys Echaíz, Alejandro Muñante, Wilson Soto y Ernesto Bustamante, expresaron su apoyo al dictamen. Coincidieron en que se trata de una reforma razonable y proporcional, que no elimina derechos fundamentales, sino que adapta la Constitución a las necesidades actuales de seguridad.
