El decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jorge Sumari, afirmó que cualquier modificación en la tarifa del transporte público debe estar sustentada en estudios técnicos y formalizada mediante un acto administrativo válido. En ese sentido, indicó que si la Municipalidad Provincial emitió una disposición para que seis empresas vuelvan a cobrar S/1, esta debe cumplirse mientras no sea anulada por la autoridad competente.
Sumari explicó que todo acto administrativo goza de presunción de legalidad, por lo que las empresas concesionarias están obligadas a acatar la medida, incluso si deciden impugnarla posteriormente. Agregó que el incumplimiento podría derivar en sanciones administrativas y, en algunos casos, responsabilidades penales.
Paro de transportistas agravaría su situación
El abogado sostuvo que un eventual paro o la suspensión del servicio sería una decisión perjudicial para las propias empresas. Recordó que el transporte público constituye un servicio esencial y que abandonar las rutas podría generar denuncias por incumplimiento de las obligaciones asumidas en los contratos de concesión.
Asimismo, indicó que, si alguna empresa deja de prestar el servicio, la municipalidad tiene la facultad de adoptar medidas para garantizar el transporte, como ampliar rutas o autorizar la participación de otros operadores.
Ciudadanos exigirán el cumplimiento del pasaje
Sumari consideró que, tras el anuncio municipal, los usuarios exigirán pagar S/1 en las empresas incluidas en la medida. Advirtió que insistir en cobrar S/1.30 podría generar conflictos entre pasajeros y transportistas.
Señaló que si las empresas consideran que la tarifa vigente afecta su economía, deben presentar los sustentos técnicos correspondientes y seguir los mecanismos legales establecidos, en lugar de recurrir a medidas de confrontación o paralización del servicio.
