Según el parlamentario, la única entidad con competencia para ese tipo de decisiones es la Junta de Fiscales Supremos, no la JNJ.
Se trata del primer documental sobre Robert Francis Prevost, pero no aborda su vida en su natal Chicago, sino su labor pastoral en el Perú, país del que también tiene la nacionalidad.
La amenaza se conoció poco antes de la audiencia de prisión preventiva contra Martina Hernández, madre del delincuente, capturada por su presunta colaboración con la organización criminal Injertos del Cono Norte.
Espinoza descartó que la institución esté dividida y responsabilizó a la JNJ por generar incertidumbre con una decisión que, según dijo, no ha sido formalmente comunicada.
El fiscal de turno de Ananea, junto con personal policial especializado de Juliaca, realizó el levantamiento del cadáver y lo trasladó a la morgue para la necropsia de ley.
Los notificados deberán confirmar o rechazar su afiliación entre el 23 y el 27 de junio. Para ello, deberán acudir con su DNI a las Oficinas Descentralizadas del JNE en 22 regiones del país.
El Congreso de la República decidió archivar la denuncia constitucional presentada contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes registradas durante las protestas sociales entre
“Debo incidir en que, a raíz de este caso, la que más ha sufrido es mi señora madre, y el resto de mi familia. A raíz de mi encierro, no solo tengo problemas de salud”, señaló,
Durante la huida, uno de los delincuentes disparó para intimidar a sus víctimas. Sin embargo, su cómplice se cruzó en el camino de la bala y fue alcanzado por el proyectil, muriendo en el lugar.
La propuesta contempla incluir a padres menores de 60 años que sufran de alguna incapacidad física o mental permanente y no cuenten con ingresos propios.
Según el MIDAGRI, esta puesta a punto generará más de 33 mil empleos directos y dinamizará la economía regional.
Durante una conferencia en Palacio de Gobierno, el ministro advirtió que más del 60 % de viviendas en Lima fueron edificadas sin asesoría técnica.
El pronunciamiento se da en medio de críticas que cuestionan la legitimidad del nombramiento.
Aunque se descartó la existencia de una red, el informe advierte sobre serias irregularidades en la contratación de personal, principalmente mujeres, con posibles escenarios de trato sexista y permisos fuera de norma.
A nivel nacional son más de 15 mil 090 trabajadores sociales que están en riesgo de ser despedidos tras la publicación de dicha norma.