Crónica: La mañana comenzó con un fuerte despliegue policial. Patrulleros ingresaban a distintas calles de Cerro Colorado y Hunter mientras agentes de unidades especializadas rodeaban varias viviendas. Las puertas se abrieron por orden judicial y, uno a uno, los investigados fueron saliendo escoltados por efectivos de la Policía Nacional.
Los vecinos observaban desde las veredas. Algunos intentaban averiguar qué ocurría. Otros grababan el operativo con sus celulares. Nadie imaginaba que la intervención estaba relacionada con un caso que, semanas antes, había causado preocupación dentro de la propia institución policial.
Todo se remonta al 1 de julio. Ese día se informó sobre el robo de un fusil AKM y dos pistolas que eran transportadas en un patrullero de la comisaría Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de Hunter. En un primer momento, el hecho fue presentado como un asalto cometido por delincuentes.
Con el paso de los días, la investigación tomó otro rumbo. Las imágenes de las cámaras de seguridad, las pericias dactilares y el trabajo de inteligencia comenzaron a mostrar una versión distinta. Para los investigadores, el robo no habría sido producto de un ataque inesperado, sino de una acción previamente coordinada.
Las diligencias condujeron hasta cuatro presuntos integrantes de la organización criminal denominada “Los ranqueados de Hunter”. Durante los allanamientos fue detenido el suboficial de tercera Leonardo Nicolás Lastarria Llasa, quien se encontraba en actividad. También fueron intervenidos Fredy Reynaldo Pascual Arapa, Víctor Anthony Machaca Paja y Axel Fernando Orellana Melo.
Mientras el operativo avanzaba, otro nombre seguía apareciendo en la investigación. El agente Junior Pineda del Pino no fue ubicado durante las intervenciones y actualmente figura como no habido. Su búsqueda continúa.
Según la hipótesis fiscal, dos policías de la comisaría habrían participado en la planificación del falso asalto junto con los civiles detenidos. El objetivo, de acuerdo con las investigaciones, habría sido sacar las armas del control policial para venderlas a organizaciones vinculadas al tráfico de terrenos en Arequipa. Esa versión aún forma parte de las diligencias y deberá ser esclarecida durante el proceso judicial.
Las investigaciones continúan. Los peritos buscan reconstruir cada movimiento realizado antes y después del supuesto asalto. También intentan ubicar el fusil AKM y las dos pistolas que permanecen desaparecidas. Su recuperación se ha convertido en una prioridad para las autoridades.
