Artículo de opinión: Cuando una autoridad habla de austeridad, la ciudadanía espera que sus acciones respalden sus palabras. Por eso, la polémica por la contratación de influencers en el Gobierno Regional de Arequipa no gira únicamente en torno a la edición de videos o a la difusión de obras. El verdadero problema es otro: la distancia entre el discurso y los hechos.
Durante los últimos meses, el Gobierno Regional aseguró que aplicaba una política de austeridad. La vicegobernadora Ana María Gutiérrez afirmó que se habían restringido los viajes y que toda contratación debía estar debidamente justificada y demostrar resultados. En otras palabras, el mensaje era claro: gastar solo cuando fuera realmente necesario.
Sin embargo, la revelación de contratos a influencers para la producción y difusión de videos abrió un debate inevitable. Aunque el jefe de Imagen Institucional defendió estas contrataciones argumentando que permitían llegar a un público al que la prensa tradicional no alcanza, la pregunta sigue siendo válida: ¿era esta una prioridad en un contexto de austeridad?
Nadie discute que hoy las redes sociales son una herramienta importante para comunicar la gestión pública. Sería ingenuo negar que los gobiernos necesitan adaptarse a las nuevas plataformas y hablar el lenguaje de las audiencias digitales. Incluso, es cierto que muchos ciudadanos conocen obras y proyectos a través de estos formatos.
Pero una cosa es comunicar y otra muy distinta es convertir la comunicación en una excepción a la austeridad.
Más aún cuando la propia Región cuenta con una Oficina de Imagen Institucional y distintas áreas de prensa en sus gerencias y unidades ejecutoras. Si ya existe personal contratado para esas funciones, resulta legítimo preguntarse por qué fue necesario recurrir a servicios externos para realizar un trabajo similar.
El problema no es la contratación de influencers. Tampoco es el uso de redes sociales. El error está en pensar que una buena estrategia de comunicación justifica cualquier gasto público, especialmente cuando el mismo gobierno ha pedido contención y eficiencia en el uso de los recursos.
La decisión de suspender los contratos luego de la reacción ciudadana deja una sensación incómoda. Si las contrataciones eran correctas y necesarias, ¿por qué cancelarlas? Y si no lo eran, ¿por qué se aprobaron desde un inicio? En cualquiera de los dos escenarios, la gestión termina transmitiendo un mensaje de improvisación.
La confianza ciudadana no se construye únicamente inaugurando obras o publicando videos con miles de reproducciones. Se construye siendo coherente. No basta con pedir austeridad a las gerencias si esa misma política genera excepciones que resultan difíciles de explicar ante la opinión pública.
Las instituciones públicas necesitan comunicar, sin duda. Pero necesitan aún más cuidar cada sol que administran. Porque ese dinero no pertenece a los funcionarios de turno; pertenece a todos los ciudadanos.
Al final, la discusión no es si un influencer puede ayudar a difundir una obra pública. La verdadera discusión es si un gobierno que predica austeridad puede darse el lujo de gastar en aquello que no resulta indispensable
